Así lo dio a conocer el jefe de la referida oficina defensorial, Fabián Tutaya, al término de la realización de un operativo de limpieza, llevado a cabo el jueves último, con el objetivo de supervisar y constatar los índices de contaminación ambiental a causa de la existencia de los mencionados criaderos.
El operativo se efectuó en el marco de una investigación de oficio iniciada por el Ministerio Público y en el cual participaron, además de los miembros de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Norte, así como del Ministerio del Ambiente, la Autoridad Local del Agua, la Policía Ecológica y la Municipalidad de Lima Metropolitana.
La jornada permitió, en primera instancia –explicó Tutaya–, identificar a los propietarios de los predios donde se encontraban los animales, en condiciones deplorables. Las autoridades dieron a conocer a los referidos propietarios su preocupación por el grado de inseguridad ambiental y de salubridad de sus respectivos locales de crianza.
El funcionario advirtió que la faja marginal del río –área intangible según la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos– se encuentra ocupada, en su mayor parte, por varios predios rústicos, con reconocimiento de la Comisión de Formalización de la Propiedad (Cofopri)
Tutaya recomendó al representante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que, previo diálogo con los pobladores, colocar los hitos de demarcación e iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes.
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