El periodista del programa Tribuna Abierta, Daniel Yovera, presentó ayer un revelador reportaje que pone en evidencia una oscura maniobra judicial que ha sido montada en las últimas semanas para librar a Luis Castañeda Lossio del caso Comunicore, aquel escándalo que implicó el sospechoso pago de casi 36 millones de soles a una velocidad sin precedentes, a una empresa fantasmal por donde se le mire.
En ese objetivo, alguien en el Poder Judicial hizo desaparecer, temporalmente, el documento más importante del expediente judicial (la denuncia de la primera fiscalía anticorrupción que pidió abrirle una denuncia penal a Castañeda) para hacer creer que, como no estuvo en manos de los magistrados de la Sexta Sala al momento que decidieron que sí debía denunciarse penalmente al exalcalde, no lo hicieron de forma adecuada y, más bien, solo buscaron supuestamente perjudicar a Castañeda.
Pero antes de explicar los pormenores de este plan, en el reportaje Yovera hizo un recuento que ayudará a entender y recordar en qué consistió el caso Comunicore.
En diciembre del año 2009, el diario Perú 21 reveló que la gestión de Luis Castañeda había pagado 35.9 millones a una empresa llamada Comunicore por una vieja deuda que mantenía con la empresa Relima. Había ocurrido que esta transnacional le cedió a Comunicore los derechos de su deuda, pero no por 35.9 millones de soles, sino por 14 millones y medio. En los tiempos en que se negociaba el pago de la deuda, año 2005, los gerentes de Castañeda acordaron pagarle a Relima en 10 años. Pero cuando Comunicore se convirtió en la dueña de la deuda, solo tuvo que esperar tres días hábiles para recibir todos los millones.
A lo largo de todo el 2010 se descubrió que apenas Comunicore cobró, el dueño de esta empresa, Miguel Garro Barrera, cambió al Directorio y colocó allí a gente muy modesta, algunos sin instrucción. Semanas después, el mismo Garro desapareció del mapa a Comunicore y borró toda huella de esta razón social.
Antes de esto, sin embargo, retiró todo el dinero en efectivo, y para ello, ordenó reclutar a una treintena de gente pobre proveniente de un asentamiento humano de Comas, para que, a cambio de una propina, sacara los millones y se los llevara en bolsas y maletines con rumbo desconocido.
Por todas estas evidencias, a fines de diciembre del 2010, la Primera Fiscalía Anticorrupción denunció a Luis Castañeda y a 15 personas más, entre gerentes de alto vuelo de su administración, por el presunto delito contra la administración pública, colusión desleal y malversación de fondos. La Contraloría también emitió un informe contundente.
Desde entonces, la defensa legal de Castañeda hizo todo lo posible por sacarlo de una denuncia que ya se había convertido en la piedra de su zapato. El 14 de enero de este año, el 12 Juzgado Penal de Lima abrió instrucción contra todos, menos contra Castañeda. Entonces, la Procuraduría de la nueva gestión municipal apeló esta decisión, adjuntando, esta vez, el informe final de la comisión investigadora del caso Comunicore, que desde la comuna presidió la regidora Marisa Glave. Así, el juzgado elevó esta apelación para que sea resuelta por una sala superior.
El 14 de setiembre pasado, la Sexta Sala Superior Penal acogió la apelación y tomó la decisión de incorporar a Luis Castañeda como procesado. Castañeda abandonaba la sonrisa. Pero el procurador de la gestión de Susana Villarán también había pedido al 12 Juzgado que el caso sea declarado complejo, debido a que había una gran cantidad de testigos procesados, y debido a los múltiples delitos denunciados.
Aquí empieza a concretarse la primera maniobra. Cuando el juzgado elevó el pedido de la comuna a la Fiscalía Superior para que esta resolviera, de pronto el fiscal superior advirtió que en el expediente faltaba la pieza más importante del caso: la denuncia de la Primera Fiscalía Anticorrupción, la misma que sindicó a Castañeda compañía como responsables de los delitos contra la administración pública, colusión desleal y malversación de fondos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué de pronto desapareció dicho documento?
Esta resolución, del 12 Juzgado, empieza a desentrañar el misterio. Según el juez José Chávez Hernández, fue el exsecretario judicial César Delgado Granados quien, por error, no adjuntó la denuncia en el expediente y la retuvo consigo. Sin embargo, el juez fue más allá. De pronto, el 16 de noviembre decidió que, para evitar posteriores nulidades, el expediente debía retornar a la Sexta Sala para que esta, otra vez, se pronuncie por la inclusión o no de Castañeda como procesado. Según el juez, como la sala tampoco había tenido el documento de la denuncia, no había decidido debidamente.
El reportero de Tribuna Abierta buscó al juez de esta insólita decisión, José Chávez, pero se negó a recibirlo. Pero el secretario de Mesa de Partes tenía pleno conocimiento del asunto. En las imágenes que fueron grabadas con una cámara oculta, culpa directamente a los magistrados de la Sexta Sala de haber emitido su fallo sin haber tenido en sus manos la acusación fiscal.
Sin embargo, Tribuna Abierta mostró la resolución con la que la Sexta Sala ordenó abrir instrucción contra Castañeda. En ella se aprecia, en todas las páginas, que los vocales del tribunal se refieren claramente a la denuncia fiscal. Es ilógico que estos magistrados resolvieran un caso sin leer el documento más importante. Pero ellos no fueron los únicos vocales que tuvieron en cuenta la denuncia fiscal. El propio magistrado Carlos Escobar Antezano, que emitió un voto singular a favor del exalcalde, también hizo claras referencias a la denuncia de la primera fiscalía anticorrupción.
Al respecto, el Procurador Público del municipio, Antonio Salazar, denunció que lo que no pudieron lograr los abogados de Castañeda por la vía legal, lo quieren hacer ahora bajo la mesa. “La defensa del exalcalde presentó quejas, pedidos de anulación y todos los recursos por haber, y todos ellos han sido desestimados por la Sexta Sala, que ha mantenido la firme decisión de denunciar penalmente a Castañeda. Pero en vista que no pudieron salvar a Castañeda por la vía legal, lo quieren hacer ahora bajo la mesa”, declaró.
Según el reportaje, la segunda estrategia que busca limpiar a Castañeda del escándalo Comunicore se basa en una denuncia que un sujeto llamado Jorge Edmundo Delgado Buzio ha planteado contra la regidora Marisa Glave y los demás concejales que votaron a favor del informe de la comisión investigadora que desmenuzó, al detalle, la responsabilidad administrativa del exalcalde para acelerar el millonario pago a Comunicore.
La expresidenta de la Comisión Investigadora, Marisa Glave, afirmó que con esta denuncia se busca deslegitimar el trabajo de investigación que realizaron. Lo extraño de todo es que esta denuncia ha sido acogida por una de las magistradas más respetadas del Ministerio Público, la fiscal Marlene Berrú Marreros. Para Marisa Glave se trata de una denuncia claramente dirigida a debilitar la actual posición del municipio.
¿Qué manos extrañas mueven sus hilos a nivel judicial con tal solvencia que hasta pierden documentos claves de uno de los casos emblemáticos de corrupción? No hay duda que en este caso las sospechas y las manos bajo la mesa continúan.
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