DEFENSORÍA SOLICITA A MUNICIPIO DE COMAS RECUPERAR PARQUE PÚBLICO USADO POR PARTICULARES

El , Fabián Tutaya, solicitó al Municipio de Comas realizar las acciones necesarias para recuperar el Parque Nº 1, ubicado en la urbanización Santa Luzmila, espacio público que está siendo alquilado para uso particular, por horas, como cancha de fulbito.

Tutaya señaló que este caso fue puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo por uno de los vecinos, quien afirma que en más de una oportunidad ha solicitado al mencionado municipio que intervenga, sin obtener respuesta.
“Los vecinos no pueden hacer uso de este espacio público, ni contar con áreas recreativas para los niños de la zona”, lamentó.

El funcionario detalló que, durante la supervisión realizada a dicha zona se comprobó que, efectivamente, una persona cobra entre 40 y 60 nuevos soles por alquilar durante una hora la cancha de fulbito instalada -de forma irregular- en el Parque Nº 1. De acuerdo a las declaraciones de los vecinos, dicho ciudadano estaría utilizando el dinero recaudado en beneficio propio lo cual es irregular.

Tutaya explicó que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde a los gobiernos locales la administración de los parques y áreas deportivas. Agregó que, de conformidad con la Ordenanza Nº 463–MLM, la comuna podría ceder en administración dichas áreas a un Comité Deportivo Comunal, conformado por los vecinos y las organizaciones sociales de la zona, bajo la suscripción de un convenio.

“En dicho convenio deberían estar establecidas las condiciones de uso, actividades y tarifas, entre otros requisitos. Lamentablemente, éste no es el caso del Parque Nº 1", dijo el representante de la Defensoría del Pueblo, quien lamentó que la población del lugar sea afectada con esta situación.

Asimismo, Tutaya sostuvo que, debido a esta situación, la Defensoría del Pueblo mediante un oficio enviado el año pasado a la Municipalidad de Comas, solicitó investigar las condiciones y circunstancias del funcionamiento de dicha cancha sintética, así como el Certificado de Defensa Civil con que cuenta el cuestionado negocio, con vistas a determinar responsabilidades.

Ante las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad emitió la Resolución de Sanción Administrativa Nº 1101–2010–GFSC/MC, disponiendo la multa y la medida complementaria de demolición.

Pese a ello, la actual administración municipal no ha ejecutado la medida hasta la fecha, señaló la Defensoría del Pueblo.