Aunque puede verse como una medida extrema, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Jaime Delgado, sugirió a los padres de familia aún no comprar los libros solicitados para sus hijos hasta que el tema de los costos no sea resuelto por el Congreso de la República.
La existencia de malas prácticas de algunas editoriales que otorgan diferentes tipos de beneficios a los colegios a cambio que estos incluyan en la lista de útiles escolares los libros que editan ha generado un debate necesario y queda pendiente un proyecto por aprobar en el Parlamento referido a la protección de abusos en contra de los consumidores. El congresista Delgado intentará que en la sesión extraordinaria de la Junta de Portavoces programada para mañana miércoles se apruebe la iniciativa y de inmediato pase a ser promulgada por el Ejecutivo.
Delgado planteó a las autoridades del Ministerio de Educación emitir una directiva que obligue a los directores de los colegios privados a presentar, en un plazo de ocho días, una declaración jurada de los últimos tres años. En dicha declaración los directores deberán explicar si recibieron algún tipo de beneficio económico de parte de las editoriales.
Mientras tanto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPIaseguró que se aplicarán sanciones drásticas a las editoriales Bruño, Santillana, Corefo y Hilder, de verificarse que incurrieron en infracciones en contra del consumidor al pretender negociar de manera ilícita y oculta comisiones con los colegios para dirigir la compra de sus textos escolares.
Asimismo, Indecopi recuerda que la Cámara Peruana del Libro, entidad que en diciembre pasado suscribió con el Consorcio de Colegios Católicos y la Asociación de Colegios Particulares Amigos, una declaración de ‘Prácticas éticas en la comercialización de textos escolares en el Perú’. En dicho texto los firmantes se comprometían a propiciar que los colegios respeten los derechos de los consumidores en la elección de textos escolares para sus alumnos basados en criterios estrictamente pedagógicos.
De comprobarse los hechos, el INDECOPI asegura una acción ejemplar, no solo por las infracciones, sino también porque se habría entregado información falsa al Estado.
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