Surquillo (13) y Comas (12) son los distritos donde se han comprado más kits. Corrupción y mala gestión figuran entre los motivos que impulsan la
revocación.
La última vez que la palabra ‘revocación’ sonó con fuerza fue en el 2001, cuando los peruanos establecieron un récord en control ciudadano al comprar 5.087 kits electorales para tratar de sacar del cargo a sus alcaldes y regidores.
Este año, si bien ni rozamos esa cifra, las ventas son las segundas más altas desde que se aprobó la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en 1994, pues ya son 1.674 los kits adquiridos en todo el Perú y cada día se suman más. Con ellos se busca sacar del cargo a 135 alcaldes provinciales y 723 distritales.
Lima es una de las ciudades donde pocas autoridades se han salvado de estar en la lista: los nombres del 83% de alcaldes de Lima Metropolitana están impresos en planillones de revocación y las solicitudes de firmas ya están recorriendo las calles.
MOTIVOS Y PRUEBAS
Hasta el cierre de esta edición, 36 de las 42 autoridades distritales más Lima metropolitana tenían al menos un kit comprado en su contra. El que lidera el grupo es el alcalde de Surquillo, José Huamaní, con 13 kits adquiridos para sacarlo junto a sus regidores; le sigue Nikolas Kusunoki Fuero, del distrito de Comas, con 12 kits en contra. El resto tiene entre uno y cuatro paquetes comprados.
La Ley 26300 señala que todo ciudadano que quiera comprar un kit debe fundamentar por escrito el motivo, pero no probarlo. Así, en las solicitudes actuales pudimos constatar que el incumplimiento de promesas electorales, corrupción, incapacidad de gestión y abuso de poder están entre las razones más usadas.
En el caso de Comas, dos de los ciudadanos que adquirieron kits –José Trujillo Apaza y José Chávez– se unieron para recolectar firmas, pues aseguran que el resto de compradores fueron enviados por el alcalde para dispersar la verdadera intención de los vecinos. “Queremos sacar a este alcalde por probados hechos de corrupción. El gerente de Participación Vecinal, Alipio Marreros, ya está recluido en un penal por ese motivo”, explica Trujillo, quien asegura tener ya 40 mil firmas.
DESVÍO Y CORRUPCIÓN
En efecto, el resto de compradores de kits en Comas son o trabajadores municipales o figuran como militantes de Siempre Unidos, el partido del alcalde. Según Trujillo, estas personas recaban firmas previa entrega de víveres, con lo cual engañan a los vecinos que ansían la salida de Kusunoki.
Eladio Adauto Saavedra, subgerente edilicio hasta enero, fue uno de los que compraron el kit. “Lo compré cuando salí del municipio porque fue un acuerdo de los dirigentes del partido Avanza País con quienes me reuní. Pero no estamos reuniendo firmas porque no tenemos presupuesto para hacer campañas”, se excusó.
Voceros del Concejo de Comas indicaron que Kusunoki se pronunciaría por escrito, pero esto no ocurrió.
En Los Olivos, quien promueve la salida del alcalde Felipe Castillo es Luis Pastor. A través de su grupo Iniciativa Ciudadana, él denunció la construcción de una universidad privada con dinero del concejo. Por este caso, la fiscalía ya investiga a este alcalde que lleva nada menos que 15 años en el cargo.
Algo similar ocurre en Jesús María, pues Néstor Salazar Calopiña reúne firmas motivado por las denuncias de presuntos hechos de corrupción que pesan sobre la gestión de Enrique Ocrospoma. “Vamos a mercados o tocamos a las casas para reunir firmas y ya vamos 12 mil. El alcalde ha salido a decir que yo lo he querido revocar antes o que he sido candidato; todo eso es mentira, el único interés aquí es que se detenga una mala gestión”, dijo.
En Barranco quien compró el kit es Pedro Rodríguez Pérez, regidor del anterior alcalde del distrito Antonio Mezarina y otrora candidato a burgomaestre. “La actual alcaldesa Jéssica Vargas está sobrevalorando el pago de servicios en el municipio y se niega a la fiscalización. Yo no pienso postular y no sé si Mezarina tenga tal intención”, dice Rodríguez y asegura contar ya con 5.500 firmas.
La alcaldesa Vargas asegura que Mezarina es el verdadero operador. “Es un grupo de gente que no ha asumido que perdió las elecciones. No me preocupa en realidad”, dice.
El mismo desinterés mostró el reelecto alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe. “Siempre se va a pisar callos cuando se trata de ordenar zonas de movimiento comercial como Gamarra o La Parada. Ellos son los que tratan de revocarme”, sostuvo.
PROCESO NADA FÁCIL
Pero pasar de las firmas a la revocación no es simple. Piero Corvetto, gerente de comunicaciones de la ONPE, dice que la ley busca que el derecho ciudadano de colocar y sacar autoridades no sea manoseado. “La recolección de firmas sirve para probar que al menos el 25% de votantes hábiles está a favor de decidir la suerte del alcalde. Solo el 8% de los miles de kits que se compran logra las firmas necesarias, previo cotejo y validación. Además, el resultado de las elecciones debe ser que más del 50% de votantes está a favor de la revocación”, explicó.
Para el analista político Fernando Tuesta, la mayoría de los que solicitan revocar a una autoridad tiene intereses políticos. “La revocación tendría sentido solo si el alcalde actuó de mala manera, pero en democracias como las nuestras, donde hay debilidad institucional, esto no funciona”, consideró.
Hasta ahora las revocaciones han procedido en circunscripciones de provincia con poca población. “Menos de un tercio de los que se llegan a concretar en consulta popular terminan siendo revocados”, añade Corvetto.
EN PUNTOS
Otros distritos donde se busca revocar a alcaldes o regidores son: Santa Anita, Pachacámac, Villa El Salvador, Carabayllo, San Luis, Magdalena, Rímac, Villa María del Triunfo, El Agustino, Ate, etc.
Según el analista político Fernando Tuesta, si se revoca al alcalde y a todo el concejo, se acortaría el período de mandato drásticamente, pues en julio del próximo año recién se tendría al reemplazante en la comuna y este solo podría gobernar durante un año.
EL DATO
En Lima, desde que en 1997 entró en vigencia la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, se han realizado revocaciones en Santa Rosa (2 ocasiones), Punta Negra, Punta Hermosa, Pucusana y Ancón. En el Callao no se ha hecho ningún proceso de este tipo hasta ahora.
Fuente: diario el comercio
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