El racismo y la discriminación no solo se ven en las playas de Asia. Se practican también en Ancón por un reducido grupo de residentes de dicho balneario, que impiden que los pobladores de ese distrito y los bañistas de Lima Norte usen las playas colindantes con sus edificios.
Estos residentes que solo aparecen por la zona los sábados y domingos, se han dado “el lujo” de colocar letreros y avisos en toda la zona que desemboca en la playa para que no ingresen, crucen, pasen o se detengan en el malecón las personas que no pertenecen a “su círculo”.
Esto fue puesto al descubierto y comprobado por un video reportero aficionado, que subió sus imágenes en Youtubecon el título ‘Segregacionismo en Ancón’.(lo pueden ubicar ingresando a esta dirección: http://www.youtube.com/watch?v=YUWnaPoSs4M&feature=player_embedded)
El video reportero, llamado ‘eduardorpv’, intenta ingresar a la playa pero vigilantes se lo impiden, al igual que a un grupo de jóvenes de tez oscura. Luego entrevista a un ‘residente’ y su esposa, quienes justifican el ‘apartheid peruano’con este argumento: “La gente es una mugre. No hay higiene ni control. Esto es un muladar, un chiquero”.
Luego se atreven a decir que “esto no es cosa de leyes” ni de racismo sino de “medioambiente”, y hasta exigen a las autoridades municipales y al Instituto de Defensa Legal que las playas estén regidas por el límite de capacidad o “aforo”, lo que en buena cuenta significa que no asista más público que los que viven en el lugar.
Los residentes aducen que ellos pagan sus impuestos y la limpieza de la zona, y que antes de preguntar deben leer el letrero que dice ‘Zona de residentes. Playa-Norte’. En tanto, los vigilantes responden que, “si tiene cualquier queja”, que vaya “a la municipalidad o la policía”.
Lo peor es que para ese propósito no solo usan los servicios de sujetos de mal vivir que impiden el paso a cualquier peatón que vaya o no a la playa, sino que la misma policía de Ancón avala este tipo de acciones discriminatorias, culpando de todo a la municipalidad por una supuesta ordenanza que no existe.
Al respecto, el alcalde de Ancón, Pedro Barrera Bernuy, aseguró que este es un problema ocasionado por una minoría de vecinos que habitan el balneario solo los fines de semana, y que en realidad apenas superan el 10% del sector ‘A’ y otro tanto del sector ‘B’, pues el resto de los bañistas son el 80% del sector ‘C’ y ‘D’, que no tienen otro espacio más que ese para “veranear”.
por tal motivo, dice el burgomaestre, “no hemos sacado ni sacaremos ningún tipo de ordenanza que avale la exclusividad de las playas y menos la discriminación, porque ese tipo de privilegios equivale a segregación racial, que solo la exige un grupo de ‘pituquitos’ con deformación cerebral, como en este caso”.
para él, las leyes son claras y todos tienen derecho de libre tránsito en la playa de Ancón, porque es un “espacio público”. Sin embargo, aceptó que su municipio no cuenta con el personal suficiente y menos los inspectores que hagan cumplir la ley y retiren cualquier tipo de letreros que impidan el paso a los veraneantes
Es más, asegura que no hay playa privada desde mediados del siglo pasado, y que eso solo existe en el Yacht Club de Ancón y el Casino Naútico de Ancón. “Aunque ahora también los balnearios de la Infantería de Marina y de la Fuerza Aérea del Perú que están en nuestra jurisdicción pero que están bajo la administración militar son considerados áreas de acceso restringido”, dice el alcalde de este distrito del litoral.
El especialista en temas municipales Marco Tulio Gutiérrez, confirmó ayer que el municipio de Ancón no ha dispuesto ninguna medida que avale este tipo de restricciones en las playas, pero tampoco ha reglamentado alguna ordenanza que condene o sancione los actos de discriminación en su jurisdicción, porque la ley ya existe en la Constitución Política del Peru.
“LA LEY 27270,
ley Contra los Actos de Discriminación es bien clara en su artículo No 323: Señala que el que discrimina a otra persona o grupo de personas por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de 30 a 70 jornadas, o limitación de días libres, de 20 a 60 jornadas”, explica.
Por tal motivo, asegura que si la municipalidad no tiene una norma que sancione específicamente este caso de delitos, se puede denunciar a las personas que cometen actos de discriminación contra los veraneantes, con apoyo de la policía. “Se identifica plenamente al infractor y, al día siguiente, el procurador municipal lo denuncia”, precisó.
Finalmente, advirtió que el uso de las playas es irrestricto en el caso de casas, balnearios y hasta empresas. Es más, cada cien metros debe haber una vía de acceso a la playa.
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